La Administración sin papeles

Dando el último repaso a la revista antes de enviarla a imprimir a la rotativa y parándome en particular en el reportaje que llevamos este mes como tema de portada, he probado a imaginar una administración pública sin papeles, una administración pública digital y más ecológica, más rápida, más eficiente, más interconectada, que reduce los tiempos de respuesta al eliminar la demora de los traslados físicos, que mejora la trazabilidad de los procesos y aumenta la accesibilidad. Una administración pública donde no haya ya faxes, fotocopiadoras, impresos por triplicado…: he imaginado una situación donde el ciudadano pudiera hacer sus gestiones con un clic en su ordenador o a través de su smartphone.  Aún queda camino por recorrer, pero este proceso es imparable, no habrá marcha atrás.

Lo que he constatado hablando con expertos en sostenibilidad es que esta desmaterialización, que deriva de la digitalización a través de las nuevas tecnologías, además de agilizar las gestiones, trae consigo dos ventajas primordiales en estos tiempos: ahorro en costes y menor contaminación. Efectivamente, haciendo un cálculo por encima, llegaríamos a la conclusión de que, por ejemplo, podríamos ahorrarnos más de dos mil millones de folios de papel y con ello estaríamos evitando diez mil toneladas de anhídrido carbónico, reduciríamos la huella medioambiental también en consumo energético, racionalización de infraestructuras, trabajo en movilidad o tratamiento de residuos.

Podemos seguir preguntándonos si el retraso en consolidar la Smart Governance en nuestras administraciones públicas proviene de falta de recursos presupuestarios o de pobreza de ideas de innovación en nuestros políticos, pero es evidente que el sector público está todavía muy alejado en algunos servicios de las mejoras que en este sentido tiene el ámbito privado, donde la gestión sin papeles, automatizando procedimientos y procesos administrativos, ya es una realidad consolidada.

No es cuestión solo de poner en las oficinas más ordenadores y nuevas aplicaciones, se trata también de fomentar el conocimiento y desarrollar habilidades de los empleados públicos, mediante tecnologías de trabajo colaborativo, formación en sistemas de identificación y servicios de administración electrónica.

El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía tendría que seguir avanzando en este proceso de aumentar los servicios públicos digitales, la calidad, la seguridad, la accesibilidad, la usabilidad y el ajuste a las necesidades reales de los ciudadanos. Antes se ponen en marcha determinados sistemas de gobernanza digital, antes avanzaremos también en la ansiada transparencia en la función pública, antes conseguiremos una mejor rendición de cuentas en los procesos políticos y más eficacia en la lucha contra la corrupción y la mala gestión. En definitiva, más y mejor servicio al ciudadano y mayor impulso democrático.

Y hablando de los ciudadanos y del sector privado, nuestro reportaje ofrece también innumerables ejemplos de las soluciones tecnológicas necesarias y aplicaciones que están desarrollando nuestras empresas para responder a las exigencias de la sociedad actual y contribuir también a la consecución de los ODS y de la Agenda 2030.

Manuel Bellido