“El primer paso será probar el Decreto de Administración electrónica”
En su entrevista, María Pérez Naranjo, directora general de Transformación Digital de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, destaca la necesidad de adaptar “al nuevo escenario normativo todos los trabajos, procedimientos, plataformas y herramientas que se han ido desarrollando”
La administración electrónica como servicio público. ¿Cuáles destacaría como sus principales pilares?
Los principales pilares en los que se basa la administración electrónica en su necesaria vocación de servicio público son, principalmente, la disponibilidad para que la ciudadanía tenga a su alcance determinados servicios en cualquier momento y cualquier lugar; la inmediatez, que permite interactuar con la Administración sin demoras ni necesidad de desplazamiento físico; la eficiencia como elemento clave, puesto que permite mejorar la gestión interna de la Administración Pública, incorporando herramientas para sustituir el papel por el expediente digital, y la seguridad, al proporcionar mayores garantías al ciudadano en su relación con la administración. La transformación digital debe abordarse siempre desde una doble perspectiva: en términos de eficiencia en la gestión interna y en el modelo de atención que ofrecemos a la ciudadanía.
¿Qué importancia le da a la implantación de la administración electrónica en la Junta de Andalucía?
La Junta de Andalucía ha venido realizando un importante esfuerzo en aplicar las Tecnologías de la Información dentro de la organización y, por supuesto, hacia afuera. Sin embargo, no ha llegado a concretarse en un marco estratégico o de gobernanza que haya encauzado, homogeneizado y unificado esta actividad. Una de las prioridades de esta nueva Consejería va a ser liderar la estrategia de transformación digital con objeto de consolidar un gobierno digital que simplifique la gestión administrativa y que conlleve una reducción de costes, al establecer un entorno homogéneo de las plataformas corporativas y de las propias infraestructuras y al minimizar el uso del papel, impulsando, para ello, la implantación del expediente electrónico. Como anunció el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en su primera comparecencia parlamentaria, el primer paso para tomar decisiones estratégicas será conocer cuál es el gasto real en Tecnologías de la Información en la Administración de la Junta de Andalucía.
Comparada a nivel nacional e internacional, ¿en qué situación se encuentra Andalucía?
En 2018, casi la mitad de la población andaluza de entre 16 y 74 años (48,6%) había enviado formularios cumplimentados a las administraciones públicas a través de Internet en el año anterior, lo que constituye el grado más avanzado de interacción con la Administración a través de las Tecnologías de la Información, por encima del porcentaje en España (47,2%) y que supone más que duplicar la ratio de 2008 (19,7%), primera información disponible. De otro lado, el 94,3% de las empresas que tienen conexión a Internet fueron usuarias de la administración electrónica en 2017, último dato disponible, superando la media nacional (92,3%) y casi duplicando el nivel de 2002 (52%), primera referencia temporal. Así, se está próximo a alcanzar el objetivo establecido en la Agenda por el Empleo 2020 de lograr que el 100% de las empresas interactúen con las Administraciones a través de Internet, y se ha superado ampliamente el objetivo designado para los ciudadanos de lograr que el 40% de la población de entre 16 y 74 años utilice Internet para el envío de formularios cumplimentados a las Administraciones. No obstante, somos conscientes de que hay aún mucho camino por recorrer y en eso estamos ya trabajando.
¿Qué tipo de procesos se pueden llevar a cabo hoy día íntegramente de manera electrónica?
Actualmente, tenemos identificados más de 1.600 trámites en el portal de la Junta de Andalucía, de los que más del 90% se pueden iniciar de forma telemática, pudiendo adjuntar documentación y realizando la presentación de forma electrónica. Destacamos en particular la actividad del Registro electrónico de la Junta, que incrementó en 2018 el número de entradas un 24,2% respecto a 2017, superando los 5,6 millones. Además, otro hito importante del año pasado fue que el número de entradas en este Registro superó por primera vez el total de entradas realizadas por la ciudadanía en las oficinas de registro presencial. Este es un hecho objetivo que demuestra que está cambiando la tendencia en la forma en la que los ciudadanos prefieren relacionarse con nosotros y tenemos que estar a la altura de sus expectativas. Uno de los grandes avances que esperamos hacer a lo largo de la legislatura desde la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, competente en esta materia, afectará a la relación de la Administración con sus proveedores a través de la contratación electrónica. La Administración debe apostar por la transparencia en todos sus procedimientos, pero muy especialmente en la contratación. La Consejería, a través de la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Transformación Digital, ha iniciado las actuaciones previas necesarias para llevar a cabo una estrategia que culminará en la implantación de un sistema integral de contratación electrónica, entendiendo que es una gran oportunidad de simplificación, para aumentar la transparencia, implantar íntegramente el expediente electrónico, optimizar contratos y centralizar la información. Supone, sin lugar a dudas, un paso adelante hacia la excelencia.
¿Cómo cree que mejoran la relación de la administración con el ciudadano?
La mejora más perceptible e inmediata consiste en la agilización de dicha relación, liberándola del desplazamiento y el horario de apertura de las oficinas de Registro de la Administración. Además del ahorro de tiempo y de gastos de desplazamiento, el ciudadano valora la mejora en la seguridad jurídica y trazabilidad de la documentación aportada y recibida que aportan elementos tecnológicos como el registro electrónico y la notificación electrónica respecto de la documentación en soporte papel. Otra mejora radica en que contribuye de manera decisiva a la reducción de la carga administrativa exigida a las personas y las empresas. A este respecto, considero de especial importancia el avance que supondrá para la ciudadanía el impulso del principio de “solo una vez” propugnado en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020, por el que debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas no tengan que aportar documentos que ya obren en poder de la administración. En este sentido, tenemos en marcha un proyecto que ya permite que los ciudadanos no tengan que presentar la fotocopia del DNI ni del certificado de empadronamiento, entre otra información, al estar directamente conectados con las plataformas de la Dirección General de la Policía y el INE. Tenemos que avanzar en esa línea y, afortunadamente, la tecnología actual está ya madura para permitir la interoperabilidad entre las diferentes administraciones y facilitar este objetivo.
¿Tiene dentro de su agenda para este año avanzar en la mejora? ¿Podría avanzarnos ejemplos concretos?
En esta apuesta decidida por la transformación digital será necesario comenzar abordando una ordenación metodológica y jurídica porque nuestra normativa en materia de administración electrónica es bastante obsoleta, estando vigente la publicada en 2003. Por ello, el primer paso será aprobar el Decreto de Administración electrónica para que adapte al nuevo escenario normativo todos los trabajos, procedimientos, plataformas y herramientas que se han ido desarrollando en estos últimos años. Tal es el caso del registro de procedimientos administrativos, el registro electrónico único, las sedes electrónicas, la carpeta ciudadana o los medios de autenticación e identificación de los ciudadanos, empresas y los empleados públicos también. Esta norma es una pieza angular y, por lo tanto, prioritaria ya que sin ella no podremos poner en marcha todas las medidas que tenemos programadas para los próximos años. El objetivo es caminar hacia una administración menos burocrática, más orientada a satisfacer las demandas de la ciudadanía y en búsqueda permanente de la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, teniendo presente en todo momento su necesaria sostenibilidad desde el punto de vista de los recursos e infraestructuras.
Manuel Bellido