Busco en el diccionario de la lengua española la palabra loco: «Que ha perdido la razón», «De poco juicio, disparatado e imprudente», «Que funciona descontroladamente». En estas definiciones reconozco el comportamiento del sistema financiero en los últimos años, un sistema que ha provocado una crisis económica mundial, radicada en el dinero barato y en la irresponsabilidad de los bancos al prestarlo.
Ahora la sociedad y los individuos están sumidos en un sentimiento de inseguridad, de perplejidad y de incertidumbre. Después de negar la crisis hasta la saciedad, el Gobierno que en un principio no ha sabido hacer otra cosa que echarle las culpas a Bush, ahora improvisa «remedios». Pero si este afán político actual de control sobre los mercados no es transparente no servirá para nada, tan sólo para hacer regalitos a los Bancos y a las Cajas amigas.
El rescate de los bancos podrá evitar el desplome, pero no la recesión. Lo cierto es que las economías desarrolladas han caído en una trampa de liquidez, mientras que los mercados emergentes viven bajo la amenaza de los flujos de capitales. Ésta es la primera de las crisis. La segunda tiene que ver con nuestra burbuja inmobiliaria.
Hay que saber que en nuestra economía la burbuja inmobiliaria es mayor que en la americana. De hecho en EE.UU. la vivienda es un tercio de la riqueza de las familias, aquí es las tres cuartas partes. El sector inmobiliario llevaba sufriendo una crisis desde hace más de año y medio y los síntomas no podían ser más claros: descenso de unidades vendidas, caída del precio, aumento de empresas promotoras y constructoras con aprietos financieros o en quiebra y aumento del paro. El «monocultivo» de la construcción, cuya altísima rentabilidad ha drenado capital humano y financiero para cualquier otra actividad industrial, ha permitido que las consecuencias de los excesos inmobiliarios provoquen en España un terremoto monumental, una crisis que hará que durante los dos próximos años se construya un 60% menos de viviendas y se destruyan cerca de 800.000 empleos.
La tercera crisis, también doméstica como la segunda, es fruto de una economía que no es competitiva. El agujero exterior, un déficit equivalente al 10% del PIB, indica que en España no hay ahorro suficiente para financiar la inversión generadora de crecimiento, empleo y bienestar.
¿Quién paga todos estos descalabros? Los mismos de siempre. En el horizonte aparece el espectro de una grave recesión que amenaza sobre todo a los trabajadores por cuenta ajena, a la pymes y a las clases más humildes. El terremoto financiero producido por los Bancos ha terminado contagiando fuertemente a la economía real y lo más crudo es que cada vez hay menos dinero en circulación para destinar a inversiones productivas. Los Bancos Centrales hacen lo que pueden para inyectar recursos frescos en el sistema, pero, por muchos esfuerzos que se hagan, las fuentes de liquidez para las empresas están secas o casi. Los Bancos guardan cuidadosamente los residuos de capital que les quedan y cuando conceden un préstamo exigen intereses imposibles de alcanzar por la mayoría de los ciudadanos o las empresas. Hasta la industria automovilística, uno de los termómetros más fiables de los índices de consumo, ha sentenciado que la crisis será aún más dura de lo previsto.
Ahora los analistas miran con lupa los movimientos en Bolsa, los de las grandes Compañías y de los sectores más expuestos en el horizonte de la deuda. Pero, ¿quién mirará con lupa las medidas adoptadas por este Gobierno y la gestión de los 150.000 millones de euros contra la crisis financiera? ¿Qué títulos comprará, a quién se los comprará y a qué precio?
Si todo este dinero no repercute en beneficio de las familias y las PYMES, ¿para qué habrá servido?
Manuel Bellido