Con la revuelta de los tractores se están poniendo muchas cuestiones encima de la mesa a las que nuestra clase política no está dando respuestas adecuadas. Está claro que una de las cuestiones está relacionada sobre la entrada de otros productos agrícolas de países que no respetan las reglas básicas de salud, medioambientales o de derechos humanos, que los de aquí sí tienen que respetar y que hacen que se eleven los costes de producción, mientras que los que vienen de fuera sin respetar esas reglas pueden permitirse precios más competitivos.
Dia tras día da la sensación que no hay otra alternativa que sentirse atrapados en una carrera hacia el abismo en materia de salud, derechos laborales y medio ambiente en la que no solo los agricultores pierden; todos salimos perdiendo.
No somos consciente quizás, pero hemos construido, teórica y prácticamente, un modelo económico que confunde el bienestar con el excedente del consumidor, siendo el excedente del consumidor una medida de los beneficios que obtienen los consumidores cuando las empresas compiten en el mercado. La definición de este concepto incluye una mini fórmula: se produce un excedente cuando el precio que el cliente está dispuesto a pagar por un bien o servicio es superior al precio real del mismo.
Y estas son las consecuencias: el consumismo daña no sólo los derechos humanos y la dignidad del lugar de trabajo donde se fabrican los productos, sino también nuestros propios intereses como trabajadores y pequeños empresarios. ¿Cuántas historias hay de crisis corporativas en las que la propiedad representada por fondos anónimos deslocalizó la producción a países donde el costo de la mano de obra es menor?
¿Hay una salida al dilema? Yo creo que sí y podría ser el «mecanismo de ajuste en frontera”. Habría que prever que las mercancías que lleguen a la frontera europea sin demostrar que se han producido respetando las reglas sociales, laborales y ambientales pagarían toda la diferencia de precio, evitando así una competencia desleal y a la baja en materia de dignidad del trabajo y emergencia climática.
Las cosas evidentemente no son sencillas, hablando por ejemplo sobre emisiones de CO2 producidas en la etapa de producción, a veces nos encontramos con un problema, porque incluso esta medida de «protección ética» tiene limitaciones y desventajas. De hecho, en algunos casos ha suscitando protestas no sólo de los competidores extranjeros (principalmente chinos), sino también de muchos de nuestros productores. ¿Porqué? Porque las cadenas internacionales de suministro de productos se caracterizan ahora por un elevado comercio transfronterizo de productos semiacabados. ¿Qué significa? Que el impuesto fronterizo sobre las emisiones, terminan también pagándolo nuestros productores porque su producto acabado depende de la importación de materias primas. materiales o productos semiacabados de países que no cumplen con nuestros estándares ambientales.
Complejos problemas y complejas soluciones. Lo que el Gobierno de España no puede hacer es mirar para otro lado, dar las culpas a Europa y dejar de acompañar a las personas y a las empresas a transitar esta etapa dejándolas a merced de esa política que, aquí y en Europa, buscando consensos a corto plazo, especula y daña sobre todo a quienes son más débiles dentro de nuestras fronteras.