Manifestar donde uno quiera y cuando uno quiera su propia fe no es solo una característica del ser humano, es también un derecho fundamental que requiere por parte de los Gobiernos la tutela necesaria para poderlo ejercer. La realidad, sin embargo, no siempre es así. Al contrario. Ejemplos en el mundo no faltan. Lo que acontece en el Tíbet es una muestra clamorosa que subraya la dificultad que entraña para las personas y las comunidades el hecho de no reconocerles, no admitirles y no permitirles, por parte de los poderes políticos, la libertad religiosa. Esta libertad es uno de los derechos humanos que nos consiente manifestar las aspiraciones más profundas, relacionarse con la verdad, proteger la conciencia y redescubrir el sentido del compartir. Libertad que no enfrenta al creyente y a la sociedad, sino que refuerza la unidad de las dos dimensiones, personal y social, y potencia la facultad que tiene el ser humano de proponer la propia visión de la sociedad, de la convivencia, de las instituciones, de las leyes. La libertad religiosa no se limita al culto individual sino que hace de los creyentes una comunidad capaz de formar, de instruir, de ser solidarios y de participar en procesos de decisiones en la vida de un país, en pro del bien común.
¿Cómo está España en cuestiones de libertad religiosa y de expresión? Pues, por lo que venimos observando en los últimos años, bastante mal. Al parecer al Gobierno y a otros centros de poder les sienta mal que los católicos opinen y si lo hacen no se tarda en arremeter contra ellos.
El Consejo de Ministros recientemente daba luz verde al anteproyecto para la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo donde claramente se prima el derecho de la mujer y no del feto. Varios artículos han levantado polémica, no solo en el ámbito católico, también entre los profesionales de la sanidad, como el que permite a las adolescentes de entre 16 y 18 años abortar sin permiso de sus padres. Los creyentes defienden la vida desde el momento de la concepción y piden más medidas que atiendan y ayuden a la embarazada. Y a esto no se le presta atención…
Otro ejemplo reciente ha sido la polémica suscitada por unas palabras de Benedicto XVI sobre la poca efectividad del preservativo para prevenir el Sida. También ahí se atacó de forma brutal unas declaraciones sacadas de contexto y que han llegado a los destinatarios totalmente falsificadas. Esta virulencia antieclesial ya a nadie sorprende y responde al guión tradicional de una parte rencorosa y poco culta de la izquierda que la tiene tomada contra los católicos. Desde luego, con las explicaciones y los epítetos que utiliza este gobierno para la crítica, no se sabe si reír o llorar. Éste era uno de los últimos de José Blanco comentando actuaciones de la Iglesia Católica y tachándolas de antidemocráticas: «Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan los principios de libertad se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia». Y se queda tan pancho. Según esto el que opina diversamente no es demócrata.
Esto no es progresismo, esto es atraso.
Borrell el 25 de mayo de 2004 durante una conferencia rechazaba incluir una referencia a las raíces cristianas de Europa en la futura Constitución, entre otras razones, porque «detrás del cristianismo se esconden la Inquisición, la tortura, la quema de libros, la aberrante enseñanza moral de la Iglesia en materia sexual», y porque en lo que se refiere a «democracia, derechos humanos e igualdad, Dios es un converso reciente; se acomodó durante siglos con la esclavitud, ayer todavía bendecía a Franco y no ha sido ajeno a la tragedia de los Balcanes». ¿Es mala leche o es incultura?
Eso sí, que los comedores de Caritas sigan dando de comer a las familias de los parados, porque el gobierno tiene otras cosas más importante de que ocuparse.
Los comentarios están cerrados.