Habiendo cumplido con el papel de sector productivo sostenible, capaz no solo de mantener el tejido empresarial a lo largo de estos últimos años de incertidumbre, sino además, de crear empleo; cabría preguntarse si son suficientes y se reúnen todas las condiciones políticas, legislativas y operativas para que la Economía Social pueda prosperar y aportar todas sus potencialidades en la solución de los problemas actuales de nuestra sociedad.
Todos los representantes de los grupos políticos del Congreso de los Diputados, integrantes de la Subcomisión para el fomento de la Economía Social, opinan, en un informe publicado no hace mucho en el BOE, que la Economía Social ofrece una manera de fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la sociedad civil para promover una economía más equilibrada y socialmente sostenible, además de ocupar un espacio privilegiado para la participación de los ciudadanos en la resolución de sus propios problemas, la participación de los propios beneficiarios y la satisfacción de sus necesidades. Con esa contundencia, lo constata dicho Informe. Pero con igual firmeza advierte que las empresas de Economía Social no podrán prosperar y aportar todos sus potenciales si no se reúnen las condiciones políticas, legislativas y operativas adecuadas. En este sentido debemos reconocer ciertos avances en cuanto al amplio consenso político suscitado por la Economía Social como modelo de referencia y estratégico para la constitución de un sistema económico productivo sostenible y alejado de cualquier especulación. Y el papel primordial que ejerce económica y, sobre todo, socialmente. Así lo reconoce hasta la ONU a través de la histórica resolución donde declara 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas.
También debemos de reconocer que se han dado pasos firmes y acertados en materia legislativa. Pasos positivos en la construcción de un marco jurídico e institucional para el Sector. Así, en el ámbito estatal, la Ley de Economía Social, pionera en Europa, establece un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la Economía Social y determina, entre otros aspectos, las medidas de fomento a favor de las mismas. Y en nuestra Comunidad, ya en sus trámites finales, están la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo y la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Leyes que tratan de eliminar muchos de los obstáculos que impiden el desarrollo integral de las sociedades que la componen. Notables avances, sin duda. No obstante, nos debemos mantener expectantes y exigentes ante las condiciones políticas y necesidades operativas que, igualmente, les son imprescindibles al Sector para desarrollar todas sus potencialidades. Pues, tal como reconoce el mencionado informe del Congreso, nuestras empresas requieren no solo una atención especial y reconocimiento, también, desarrollar una política de impulso especialmente sobre cuestiones de ayudas, promoción de la participación directa de las organizaciones del sector en los organismos creados por las distintas Administraciones Públicas en los que ya están los restantes agentes socioeconómicos y una política de financiación adecuada. Éstas, entre otras necesidades. Por otra parte y, a poco tiempo de que se cierre el ejercicio, en nuestra Comunidad el sector exterior muestra una buena dinámica, así como los servicios y la agricultura, pero la construcción continúa su proceso destructivo. Además el consumo sigue en horas bajas. Los procesos de ajuste en el sector público para equilibrar las cuentas públicas y, sobre todo, la incertidumbre en los empleos y la alta tasa de paro se sitúan como las causas fundamentales para que el consumo no despierte. Las incertidumbres financieras y las imposiciones de los llamados mercados ponen la guinda a un panorama económico situado en tierra de nadie. A medio camino entre la recuperación y la recaída económica.
Nuestras actividades a lo largo del año han estado mediatizadas por estas circunstancias económicas y sociales. Como consecuencia de ello la defensa del empleo ha sido una de nuestras principales preocupaciones y ha centrado muchas de nuestras acciones. Desde CEPES-A intentamos hacer valer el hecho de que la Economía Social andaluza otorga una oportunidad importante de avanzar en el doble objetivo de crecimiento y cohesión social a través de la combinación empresarial de solidaridad y rentabilidad. La continuidad del diálogo social concretado de forma inmediata en la tercera edición del Pacto Andaluz por la Economía Social, que se firmará antes del cierre de este ejercicio, se convertirá en un instrumento básico en la defensa de los intereses del Sector y, en gran medida, en una oportunidad para ofrecer soluciones a los principales problemas de la sociedad andaluza y, entre éstos, al de creación de empleo estable y de calidad.
Antonio Romero
Presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)