Andalucía sigue siendo la segunda comunidad autónoma que concentra el mayor número de empresas. Según datos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y de la Fundación Incyde el año pasado se contabilizaron 376.646 empresas: el 14, 5 por ciento del total de empresas españolas están situadas en nuestra Autonomía.
Pero estos números no tienen demasiado significado si no se valora al mismo tiempo el dato de la densidad empresarial, es decir, el número de empresas por cada mil habitantes. Esta densidad empresarial es especialmente baja en nuestra región: 52 por mil habitantes, como es baja también la ocupación media de trabajadores por empresa: 3,8. Lo que significa que el porcentaje de autónomos y microempresas es altísimo. Y como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, también los datos del INEM reflejan nuestra precaria situación en cuanto al empleo estable, sólo el 3,59 por ciento de los nuevos contratos de trabajo suscritos en nuestra región son indefinidos. El desempleo y el empleo precario son equivalentes a tasas mínimas de actividad productiva, lo cual a su vez es impedimento para la creación de riqueza.
¿Qué está pasando en Andalucía? ¿No existen emprendedores que sepan convertir ideas en negocio? ¿Por qué es tan baja la implicación de nuestro tejido empresarial en las nuevas tecnologías? ¿Por qué es tan escasa la inversión en I + D? ¿Por qué se distancia cada vez más la convergencia con las regiones medianamente desarrolladas de Europa? Caben muchas preguntas más y algunas estarían dirigidas a la administración autonómica, que algo tendrá que ver con el desarrollo de nuestra región.
Nos gustaría pensar que no nos va a pillar el toro, y menos en estos tiempos de incertidumbre, que las buenas expectativas no se han desvanecido del todo y que nuestros gobernantes tienen alguna respuesta que alivie el pesimismo que transmiten los indicadores económicos. Arranca el nuevo curso político y con él se pondrá en marcha muy probablemente el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con una previsión financiera que ascenderá a más de 56.000 millones de pesetas para desarrollar políticas activas de innovación y tecnología en el ámbito de las competencias de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. Este plan quiere proporcionar un equilibrio científico-tecnológico, promoviendo nuevos mecanismos de financiación y de cooperación entre los agentes tecnológicos, además de permitir a las empresas y a la sociedad en general visualizar de manera adecuada la innovación, la tecnología y sus mecanismos de transferencias, principales destinatarios del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa. El tejido productivo andaluz tendría que ser su principal beneficiario. Las empresas tendrán que aportar actitud y cultura innovadora y la Junta de Andalucía tendría que llevar hasta las últimas consecuencias este magnífico Plan y gastar hasta la última peseta prometida en beneficio del desarrollo y el progreso de Andalucía.