“Ninguna empresa viable debería cerrar por no poder financiar su circulante”
Hablo con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, sobre el presente y futuro de la Consejería andaluza y la situación actual económica que vive la Comunidad andaluza
Manuel Bellido: El Parlamento andaluz daba luz verde a la creación del Instituto Público de Crédito Andaluz, ¿a qué necesidad responde y qué objetivos tiene?
María Jesús Montero: Ninguna empresa viable debería cerrar por no poder financiar su circulante. Sin embargo, está contrastado que el acceso al crédito ha sido uno de los grandes problemas de esta crisis y ha destruido tejido productivo y miles de empleos. Lo que pretendemos con esta iniciativa es que las empresas andaluzas tengan un instrumento financiero de carácter público que limite la destrucción de proyectos viables por falta de financiación, y que a su vez dote de mayor músculo financiero a empresas que tengan que afrontar proyectos de inversión para ampliar mercados.
Manuel Bellido: El pasado mes de abril reiteraba en el Parlamento que la Junta de Andalucía no tiene intención de subir los impuestos ¿Qué porcentaje representan los ingresos por tributos propios en el presupuesto de la Comunidad?
María Jesús Montero: El Gobierno andaluz no va a subir impuestos. Lo ha dicho la presidenta, y lo he reiterado por activa y por pasiva. Pero hay que destacar que la capacidad tributaria de la Junta es limitada. De hecho, en respuesta a su pregunta, los impuestos propios representan sólo el 1,7% de los ingresos tributarios de la Comunidad. El porcentaje llega hasta el 7,1 si incluimos tasas y precios públicos, lo que no deja de ser un porcentaje muy pequeño. Quien dispone de capacidad normativa sobre los grandes impuestos es el Gobierno central. Sólo espero que el Ministerio de Hacienda con la reforma tributaria no vuelva a atacar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.
Manuel Bellido: Parece inminente la aprobación de la reforma tributaria por parte del Gobierno Rajoy, ¿qué valoración hace de las líneas maestras de la reforma?
María Jesús Montero: Dice usted bien, conocemos sólo las líneas generales, y además por la prensa. Llama la atención que el Gobierno haya convocado a agentes sociales, a académicos y expertos, pero no se haya sentado dos meses después de la presentación del informe de expertos a hablar con las comunidades autónomas, que somos corresponsables desde un punto de vista tributario y las más afectadas en nuestros ingresos por cualquier cambio normativo. En los más de dos años de Gobierno del Partido Popular, ha habido un aumento de impuestos de algo más de 30.000 millones de euros. Ahora plantean unas medidas que tan solo suponen 2.000 millones de euros de ahorro para 2015. Insuficiente a todas luces para compensar los 30.000 millones. Además, el Gobierno deja la puerta abierta a un nuevo aumento del IBI, a la imputación de la vivienda habitual en el IRPF y, lo que nos parece especialmente preocupante, a nuevos copagos por la prestación de servicios públicos, cuestión en la que claramente nos posicionamos en contra. Las previsiones que el Gobierno envía a Bruselas dicen que la presión fiscal va a incrementarse en 1,6 puntos, desde el 33,1% de 2013 hasta el 34,7% en 2017. Son sus datos, no los nuestros los que contradicen la promesa de bajada de impuestos.
Manuel Bellido: ¿Qué opinión tiene el Gobierno andaluz del ajuste extra de 3.000 millones de euros en 2014 que modifica el objetivo de déficit del 5,8% al 5,5% del PIB anunciado por el Gobierno central?
María Jesús Montero: El Gobierno central se ha permitido el lujo de renunciar a 3.120 millones de euros, que es lo que suponen tres décimas de déficit. Llama la atención que el Gobierno renuncie a tres décimas cuando no ha cumplido el déficit en 2013. Con esta decisión amenazan con ahogar la incipiente recuperación. Hasta el FMI está advirtiendo de la necesidad de agotar el margen fiscal para incrementar la inversión productiva como única vía para aumentar la demanda interna en la zona euro. La reivindicación de Cataluña o Andalucía para que el Gobierno ceda esas tres décimas no responde a una petición egoísta, sino a la necesidad de recuperar la inversión e incentivar la demanda interna.
Manuel Bellido: ¿Cómo evalúa el cumplimiento por parte de Andalucía del objetivo de déficit impuesto por el Consejo de Ministros para 2013?
María Jesús Montero:Andalucía cumplió su objetivo de déficit en 2013, situándolo en el -1,55% del PIB, cuando se nos había fijado un límite del -1,58%. En un solo año hemos conseguido reducir el déficit en 0,52 puntos. Mientras tanto, la Administración General del Estado no solo incumplió su objetivo de déficit en 0,53 puntos, sino que incrementó su cifra de déficit con respecto a 2012 en casi 1.000 millones de euros. Pero que hayamos cumplido no quiere decir que estemos satisfechos. El cumplimiento del déficit no puede ser un fin en sí mismo. Seguimos reclamando que debe haber margen para medidas de estímulo económico. Esto se resolvería con un reparto más justo de los objetivos de déficit entre administraciones. Para 2014, el Estado se reserva casi un 64% del objetivo de déficit y deja a las CCAA con un 18%. Y para 2015, la Administración Central se reserva el 69% del margen de déficit, representando el nuestro solo el 17%. Ante esta evidencia, pedimos un reparto más justo del objetivo de déficit. Porque el déficit determina nuestra capacidad para financiar servicios y activar la inversión productiva.
Manuel Bellido: El pasado mes de abril se publicaba en el BOJA la orden de Hacienda que refuerza los mecanismos de control de las transferencias de financiación, ¿Qué nos puede contar de esta orden?
María Jesús Montero: En su discurso de investidura la presidenta se comprometió a mejorar el control de los recursos públicos. Así, la Ley de Presupuestos de 2014 incorpora una mejora de la regulación de las transferencias de financiación, así como otras medidas dirigidas a incrementar la transparencia. Como desarrollo de esta medida, el pasado 5 de mayo se publicó la orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que regula mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación. La orden incrementa las facultades de la Intervención, tanto en la fase de fiscalización previa, como en la fase de control financiero permanente. Hemos innovado en mecanismos de control, como los referidos a la paralización del expediente de transferencia mientras no se subsanen los defectos detectados en fase de control financiero. En definitiva, hemos puesto en marcha mecanismos adicionales de control que no existen en ninguna otra Administración Pública.
Manuel Bellido: Según un análisis realizado por su Consejería, Andalucía ha perdido en los últimos tres años 2.800 millones de euros con la aplicación del actual sistema de financiación de las CCAA. ¿Por qué modelo de financiación apuestan desde la Junta de Andalucía?
María Jesús Montero: En el Programa de Estabilidad 2014-2017 enviado a Bruselas, el Gobierno Central reconoce que mientras que el Estado vio crecer sus ingresos un 4,5% con respecto a 2012, las CCAA sufrieron una caída de ingresos del 15%. Esta situación se agrava con un sistema de financiación que penaliza a Andalucía. Solicitamos que el nuevo modelo de financiación sea solidario y suficiente, basado en la población y que sea acordado multilateralmente entre el Gobierno y las CC.AA. No podemos admitir que se parchee el modelo vigente con un aumento de la capacidad tributaria, pues las comunidades con mayor nivel de renta pueden obtener ingresos muy superiores a los de Andalucía con un pequeño esfuerzo fiscal. Le pongo un ejemplo. El aumento de una décima en el tipo medio del IRPF lograría 6 euros por habitante en Andalucía, mientras que en Madrid sería el doble, 12 euros por habitante, y casi el doble en Cataluña o Aragón, con 10 euros por habitante.
Manuel Bellido: Recientemente afirmaba que para el Gobierno andaluz es una prioridad recuperar el poder retributivo y la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, ¿qué se puede hacer en este sentido?
María Jesús Montero: No es ético hablar de recuperación si no llega a las personas, al que tiene una pequeña empresa o a un joven desempleado. Y también a los empleados públicos, que han hecho un esfuerzo importante con las medidas tomadas por Rajoy de incrementar la jornada laboral a 37 horas y media. Es urgente activar un círculo virtuoso en la economía. Y eso ya se ha demostrado que no se logra ni con un calendario de consolidación fiscal feroz ni con nuevos ajustes. Es el momento de reactivar la inversión. Son necesarias medidas de estímulo económico que incentiven la demanda interna. Y entre estas prioridades está la capacidad adquisitiva de los empleados públicos. Por eso insistimos en que si el Gobierno cede a las comunidades autónomas las tres décimas a las que se ha permitido el lujo de renunciar, la Junta repondrá la paga adicional a los empleados públicos. Y lo hará por justicia, porque los empleados han hecho un esfuerzo que es el momento de aliviar, y por razones de dinamismo económico, ya que es un factor contribuye a reforzar el consumo.
Manuel Bellido: ¿Qué impacto tendrá para Andalucía la reforma local y qué consecuencias para la hacienda pública andaluza en los próximos ejercicios?
María Jesús Montero: En Andalucía los servicios básicos van a seguir prestándose. Pero lo que es indudable es que la Reforma Local supone una transformación radical de cómo se articula territorialmente este país. Lo que nadie puede discutir es que supone un vaciamiento de los ayuntamientos. Y habrá que tener claro que si se vacían de competencias, también se vacían de financiación. Si tenemos en cuenta los datos de liquidación en 2012 de la oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales, del Ministerio de Hacienda, las entidades locales gastaron 2.410 millones en educación, 802 millones en sanidad y 5.118 millones en servicios sociales. En total, 8.331 millones de euros. Si extrapolamos este nivel de gasto al ámbito autonómico estaríamos hablando de un impacto para la comunidad autónoma de 1.500 millones de euros. O mucho tiene que cambiar el modelo de financiación autonómica o los números no salen. El objetivo declarado de la reforma local era la estabilidad financiera pero parece que puede conseguir todo lo contrario.
Manuel Bellido: El pasado mes de abril el Consejo de Gobierno aprobaba el contrato de gestión con la Agencia Tributaria de Andalucía, ¿qué importancia tiene en estos momentos y cuáles son las medidas más destacadas que recoge?
María Jesús Montero: La Agencia actúa sobre los tributos cedidos y de gestión propia, pero también colabora cruzando datos con la Agencia Estatal, lo que está permitiendo obtener resultados positivos contra el fraude. En concreto, desde que comenzó el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal que la Junta puso en marcha en 2012 se han obtenido 320,7 millones de euros adicionales. Esta cifra es consecuencia de actuaciones de control relativas a los Impuestos sobre Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. A esta cuantía hay que añadir los ingresos derivados de actuaciones relacionadas con el Impuesto sobre Depósitos de Clientes de Entidades de Crédito en Andalucía, lo que arroja una recaudación neta global superior a los 442 millones de euros.
Manuel Bellido