“La Compra Pública como mecanismo para fomentar la Innovación y generar valor”
Manuel Bellido: ¿En qué consiste la Compra Pública de Innovación (CPI)?
Carmen Baena: De manera sencilla, se puede decir que se trata de la adquisición por parte de los compradores públicos de soluciones tecnológicas innovadoras no disponibles en el mercado y que den respuesta a sus necesidades. En función del nivel de desarrollo de estas soluciones, podemos distinguir entre la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), cuando los bienes o servicios no existen en el mercado en el momento de la compra pero pueden desarrollarse en un tiempo razonable, y la Compra Pública Pre-comercial (CPP), cuando se contratan servicios de I+D para el desarrollo de soluciones a futuras necesidades.
Manuel Bellido: ¿Por qué despierta tanto interés?
Carmen Baena: Porque supone un mecanismo muy potente de fomento de la Innovación, con claros beneficios para los compradores públicos que constituyen la demanda, el entorno empresarial y tecnológico que conforma la oferta y la sociedad en su conjunto. En este sentido, cabe destacar que la Compra Pública de bienes y servicios sostenibles e innovadores es considerada por la Comisión Europea una herramienta esencial para el estímulo de nuevas soluciones tecnológicas o de servicios que contribuyen a la creación de empleo y la mejora de la competitividad de la industria europea y las pymes, además de fomentar la eficiencia de los servicios públicos.
Manuel Bellido: ¿Qué beneficios supone la Compra Pública de Innovación?
Carmen Baena: De forma general, podemos decir que el principal beneficio de este mecanismo es la generación de valor mediante la contratación pública, en el sentido en el que facilita la incorporación y puesta a disposición de los ciudadanos de bienes y servicios con una mayor relación satisfacción de necesidades-coste (más eficientes), contribuyendo a su vez a la mejora de la competitividad empresarial. En concreto, la CPI permite a los compradores públicos disponer de soluciones mejor adaptadas a sus necesidades, ser más eficientes en el uso de recursos y mejorar la satisfacción de los usuarios de sus servicios. A las empresas proveedoras, les da la oportunidad de desarrollar ideas accediendo a clientes públicos y acelerando la puesta en el mercado de sus tecnologías y productos. Por último, la sociedad se beneficia de mejores servicios públicos e infraestructuras, de un mejor uso del dinero público y de la mejora de la calidad de vida y condiciones de empleo como consecuencia del incremento de la competitividad empresarial.
Manuel Bellido: Si es tan interesante, ¿por qué no está más extendida su aplicación?
Carmen Baena: En realidad, la aplicación de este mecanismo no está extendida aquí, aunque sí es muy utilizado en otros países como en Estados Unidos, principalmente en ámbitos como defensa, energía y salud. El nivel de implantación en Europa es desigual, aunque creciente, existiendo un compromiso claro de impulso por parte de la Comisión Europea y siendo España uno de los países en los que se está produciendo una mayor evolución. Hay que tener en cuenta que, aunque conceptualmente la Compra Pública de Innovación es fácil de entender, así como sus beneficios, su aplicación no resulta sencilla, existiendo distintas barreras que dificultan su implantación.
Manuel Bellido: ¿Y cuáles son las barreras que dificultan su implantación?
Carmen Baena: En primer lugar, por parte de los compradores públicos existe un gran desconocimiento de este mecanismo, de las ventajas y beneficios que puede suponer para ellos su puesta en marcha y de la forma en la que tendrían que hacerlo. Esto, unido a una insuficiente cultura de innovación y una gran resistencia al cambio, hace que, en términos generales, exista la tendencia a seguir realizando las contrataciones de manera convencional, lo que supone, además, menores riesgos. Por otro lado, tampoco es inmediata la coordinación entre el ámbito jurídico y técnico (distintos lenguajes y requerimientos) en aspectos como la redacción de pliegos y el establecimiento de criterios y mecanismos de evaluación que, de manera objetiva, permitan evaluar el valor de las compras (relación entre la aportación a la satisfacción de las necesidades y el coste, incluyendo todo el ciclo de vida) e identificar las ofertas económicas más ventajosas (incluyendo consideraciones de calidad e innovación), que no tienen por qué ser las que tienen un precio más bajo. También existen dificultades en la identificación y planificación de las necesidades de compra por parte de las entidades públicas, así como un gran desconocimiento por su parte de la oferta tecnológica actual y futura. Por el lado de la oferta (empresas proveedoras), existe un gran desconocimiento de las demandas actuales y futuras de los compradores públicos, lo que no facilita la orientación de sus capacidades de desarrollo hacia sus necesidades, así como grandes dificultades para dar a conocer su oferta tecnológica a posibles compradores públicos.
Manuel Bellido: ¿Qué hace falta para incrementar la aplicación de la CPI?
Carmen Baena: En primer lugar, tiene que haber un impulso político claro y el convencimiento de la idoneidad del uso de la contratación pública como instrumento estratégico para el fomento de la Innovación. Asimismo, deben establecerse mecanismos de coordinación entre las administraciones que permitan definir y poner en marcha de forma coordinada modelos, políticas y medidas para la incorporación de la CPI. En este sentido, cabe destacar iniciativas de apoyo a compradores públicos como INNOCOMPRA del MINECO, de apoyo a la oferta tecnológico, como INNODEMANDA del CDTI, además de otras actuaciones ya puestas en marcha a través de proyectos europeos financiados por Horizonte2020 como PPI4WASTE, liderado por IAT y cuyo objeto es la promoción de la CPI en el ámbito de la eficiencia de recursos y tratamiento de residuos.
Manuel Bellido: ¿Qué buenas prácticas y actuaciones recomendaría para llevar a cabo la CPI?
Carmen Baena: Todas aquellas que contribuyan a aprovechar la potencialidad de la CPI y eliminar las principales barreras existentes. Para ello, es necesario trabajar desde distintos frentes. Por el lado de la demanda, es importante la sensibilización de los políticos sobre las ventajas de este mecanismo y el desarrollo de competencias de los profesionales encargados de las contrataciones para poder aplicarlo de forma adecuada. Además, es recomendable la elaboración de mapas de demanda temprana, así como la coordinación entre compradores para generar masa crítica. Por el lado de la oferta, es necesario establecer cauces para dar a conocer las capacidades tecnológicas y facilitar la gestión de ofertas no solicitadas; fomentar la creación de consorcios que incrementen estas capacidades, y apoyar su actividad de I+D para dar respuesta a las necesidades planteadas con ofertas de valor. Y, por supuesto, es fundamental promover la realización de acciones que faciliten la conexión entre la oferta y la demanda, estableciendo mecanismos eficaces de consulta al mercado por parte de los compradores públicos y de diálogo con representantes de la oferta tecnológica.
Manuel Bellido: ¿Qué papel juega una entidad como IAT en el ámbito de la CPI?
Carmen Baena: IAT lleva más de 25 años trabajando a nivel nacional e internacional en modelos de apoyo a la Compra Pública de Innovación basados en el concepto de valor y con claro enfoque funcional y multidisciplinar. Esto, unido a los distintos proyectos europeos en los que estamos participando, que nos permiten validar estos modelos y contrastar experiencias con agentes internacionales de reconocido prestigio en este ámbito, nos ha permitido contar con un equipo de profesionales con gran capacidad para la realización de actuaciones que dan respuesta a las necesidades de los compradores públicos, de las empresas ofertantes de tecnología y de las administraciones que quieren poner en marcha políticas para la incorporación de este mecanismo.
Manuel Bellido