«La ciudadanía pide instrumentos de participación»
Entrevista a Ángel Javier Gallego. Hablamos con el máximo representante del Consejo Económico y Social, órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, que sirve de canal de diálogo permanente entre la sociedad civil organizada y el gobierno autonómico
Manuel Bellido: Desde 1999 el Consejo Económico y Social de Andalucía ha seguido trabajando como órgano consultivo del Gobierno andaluz en materia económica y social. ¿Qué balance haría del trabajo del CES en estos años?
Ángel Javier Gallego: El balance de estos años del Consejo Económico y Social es francamente positivo. El CES es una institución que nació al hilo de un acuerdo de concertación social con fecha de 1993 y que después tomó cuerpo en una ley de 1997. De acuerdo con los propósitos institucionales que marca dicha la ley y que es sobre los que habría que hacer balance, el CES tiene una doble funcionalidad. La primera sería la emisión de dictámenes sobre aquellos proyectos de ley y de contenido socioeconómico que esté preparando el Gobierno para bien su revisión al Parlamento bien su publicación. En el balance cuantitativo destacar que desde su creación hasta la fecha de hoy el CES ha emitido un total de 106 dictámenes, mientras que en el cualitativo habría que resaltar que, prácticamente, todas las grandes leyes andaluzas han tenido su fase de debate en el CES y que, por tanto, han sido sometidas al consenso deliberativo, al parecer de los grupos que conforman este órgano. El segundo objetivo que tiene marcado el CES es el de servir de cauce de diálogo permanente y social como espacio institucional de encuentro de los respectivos intereses de la sociedad civil para lograr el consenso. En ese sentido también el CES ha cumplido su función, haciéndolo más a través de esos dictámenes emitidos sobre los que se han constituido esos consensos que constituyendo en sí mismo el foro permanente de diálogo social de Andalucía. El Consejo Económico y Social de Andalucía no es más que el reflejo de cómo el fenómeno participativo en nuestra Comunidad ha sido la seña de identidad andaluza reflejada a través de los diferentes acuerdos de concertación que, aunque han sido gestados por su propia dimensión en ámbitos externos al CES, han tenido como protagonistas a los sujetos que conforman este Consejo.
MB.: Cuando en muchas comunidades autónomas se discute en la actualidad la permanecía o no de este órgano, Andalucía sigue subrayando su importancia. ¿Cuál es el motivo fundamental?
A.J.G.: Mientras que la sociedad lo que está demandando es precisamente más participación y está cuestionándose el sistema político en su formulación actual, lo que se está dando por respuesta es la destrucción de los órganos de participación institucional. Existe por tanto, a mi modo de ver, una contradicción entre lo que reclama la ciudadanía y las decisiones que se están tomando, liquidándose instancias de participación como es el CES en nombre de la austeridad mientras la ciudadanía pide instancias de participación. Por eso en Andalucía ni siquiera se ha cuestionado la existencia de una institución como esta que además es erigida en nuestro propio Estatuto de Autonomía a instancias de autogobierno. Esto tiene un significado político muy importante y que no se debe obviar porque significa que la participación de la ciudadanía forma parte de la concepción del autogobierno que tiene la Comunidad. Otras comunidades están entendiendo que encontrar espacios de encuentro entre la sociedad civil y el Gobierno, que las formas de hacer llegar los flujos de la sociedad civil al momento de producción normativa lo que no es ni más ni menos que el valor de los dictámenes, es superfluo. Esto es muy peligroso porque cuando se impugnan los espacios de encuentro de consenso entre los diferentes agentes sociales se está simultáneamente realizando una operación ideológica mediata impugnando a los propios actores de la sociedad civil que participan en los procesos. Es decir, estamos impugnando que organizaciones sindicales, empresariales y las más representantitas de la sociedad civil encuentren un espacio donde proponer o proveer del parecer de la sociedad a los gobernantes a la hora de elaborar normas que les afectan.
MB.: ¿Cuál es la estructura actual del CES de Andalucía?
A.J.G.: La estructura del Consejo Económico y Social no es homogénea en todas las comunidades donde aún pervive porque hay un denominador común que también tenemos en nuestra Comunidad. A semejanza de cómo se instauró el CES nacional (aunque previamente había experiencia en comunidades autónomas de órganos similares aunque con otras denominaciones como por ejemplo en Andalucía a efecto laborales el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales), el CES que hay previsto en la Constitución es a un efecto que en este país no se ha puesto en marcha y que es la planificación económica, es decir, en el que también tendrían que estar presentes las comunidades autónomas. Lo que sí se instauró y que entraba dentro de las potestades del legislador, es que el CES como órgano de participación debía estar formado por tres grupos en los que estuvieran representados empresarios, sindicatos y un tercero que sería una miscelánea de otras fuerzas sociales. Ahí es donde han aparecido siempre debates de quién debería estar ahí. En Andalucía la opción que tomó el legislador fue la siguiente: son 36 miembros más el presidente. De esos 36 miembros, doce representan a las organizaciones sindicales mas representativas de la Comunidad y que hoy por hoy son UGT y CCOO, otros doce en representación de las organizaciones empresariales y un tercer grupo de doce miembros que se distribuyen de la siguiente manera: dos en representación de consumidores y usuarios; dos miembros en representación de la Economía Social siendo uno de ellos representante de sociedades laborales y otro de cooperativas; un miembro en representación de la asociaciones de municipios más importantes que haya en Andalucía (hoy la Federación Andaluza de Municipios y Provincias); un representante en nombre de la Universidad, del mundo del conocimiento, y que nombra el Consejo Andaluz de Universidad; y un grupo de seis miembros que son expertos nombrados por el Gobierno y que se conforma a semejanza de cómo ocurre en el nacional. Esta distribución es evidentemente revisable por el legislador cuando se estime oportuno; las instituciones deben ser capaces de reconocer cuáles son los flujos cívicos que deben estar presentes en una institución de este tipo.
MB.: De los estudios y publicaciones que ha elaborado el CES en estos años, ¿cuál destacaría como más relevantes?
A.J.G.: Como no soy de hacer análisis retrospectivos, prefiero subrayar que además de las dos funciones principales a las que me refería antes, el CES tiene que elaborar anualmente un informe socioeconómico de la situación andaluza que ofrece un análisis de coyuntura todos los años muy importante y en cuya elaboración estamos ahora inmersos. Un informe que a su vez incluye siempre un tema monográfico de la Comunidad que, entiende la comisión específica que tiene encomendado ese quehacer, debe ser objeto de estudio. Este año, en concreto, vamos a analizar la incidencia de la crisis económica en la población andaluza porque va a permitir conocer muy bien sobre qué realidad trabajamos para, de este modo, no diseñar políticas públicas sin atender al sustrato de la realidad. Además estamos también inmersos ahora mismo en un análisis muy interesante sobre los flujos comerciales de Andalucía con otras comunidades.
MB.: Como presidente del CES de Andalucía, ¿cómo ve la situación económica y social de Andalucía?
A.J.G.: La situación económica en Andalucía participa, con las propias singularidades de la estructura de la economía andaluza, de la situación general económica que está viviendo España y Europa y que es producto de la nueva formulación de las relaciones económicas internacionales. En este sentido la situación económica andaluza está atravesada y condicionada de las circunstancias generales de toda la economía española con un problema estructural, que debe ser el principal quehacer de toda la puesta en acción de medidas, y que es una tasa de desempleo que es particularmente dolorosa dentro de lo que es tanto el contexto nacional como europeo. No se puede obviar que ése es nuestro principal problema. Con todo hay que matizar que eso se acompasa simultáneamente con el hecho de que también tenemos un aumento de población activa muy superior al de cualquier otra comunidad autónoma y muy superior al de casi todos los países europeos de forma que se han dado situaciones que nosotros, aún manteniendo tasas de desempleo importante, creamos más empleo que Bélgica, Holanda y Francia juntas.
MB.: ¿Cómo valoran desde el CES el llamado Pacto por Andalucía?
A.J.G.: Que se pongan de acuerdo administraciones y agentes sociales en un diagnóstico de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas siempre es importante. El problema de este país es cuando en vez de diagnosticar, nos dedicamos a culpabilizar. Conseguir un compromiso concreto de ponernos a trabajar en determinados temas, eso ya se puede considerar un acuerdo marco. Se ha elaborado un diagnóstico realista de que la situación es importante, de que es el momento de aunar esfuerzos entre todos los sujetos concernidos en la realidad andaluza para salir juntos de la crisis, de recorrer juntos un camino que es difícil, y de que es el momento de poner cada uno de su parte para alcanzar unos objetivos. Tenemos que salir de esta situación actual reconociendo que hay sectores importantes en Andalucía que forman parte de nuestra realidad económica y que debemos además de fortalecer, buscarles nuevas potencialidades. Tenemos que buscar nuevos sectores productivos que de alguna manera renueven la excesiva dependencia de determinados sectores económicos. Todo eso, que ha quedado reflejado en el Pacto por Andalucía, no es más que un compromiso de políticas sociales de cohesión social. Y ese es el valor más importante que en cualquier crisis hay que salvaguardar, preservando que todos los elementos sigan sirviendo para garantizar la igualdad de los andaluces en el acceso a bienes públicos, buscando elementos y factores que dinamicen económicamente y que por tanto creen también el derecho que tiene cualquier persona de «engancharse a la vida» a través de un trabajo.
MB.: Nos gustaría terminar la entrevista preguntándole cuál sería su objetivo ideal como presidente del CES de Andalucía.
A.J.G.: Para llegar a ese objetivo voy a partir de la manifestación expresa ya realizada por los agentes sociales de su compromiso de querer participar más activamente en la producción de normas. A lo largo de esta legislatura va a haber momentos normativos de la suficiente entidad e importancia como para encontrar puntos de encuentro entre los agentes sociales que conforman el CES. Leyes que el Gobierno tiene anunciadas en las que me parece importante el parecer del CES como la ley de transparencia, la participación institucional, la del fomento del deporte profesional… Es decir, que va a haber momentos normativas e incluso me atrevería a decir dentro del propio sistema que está teniendo el mundo acelerado en el que vivimos todos y que hace que funcione sobre todo el Decreto Ley, donde también puede ser muy importante el parecer de los agentes sociales. Si ya tenemos un mecanismo institucionalizado como el Consejo para canalizar esos flujos en la producción normativa, y presumiendo la buena fe de todos los agentes sociales para coadyuvar al objetivo común de salir de la crisis y de fortalecer los sectores productivos al tiempo que mantener la cohesión social, espero que podamos encontrar esos momentos para participar más activamente en la producción de normas.