Andalucía desde los ochenta está viviendo una intensa transformación en el desarrollo y la estructura de las Administraciones Públicas a nivel autonómico, provincial y local. No ha sido tarea fácil llevar a cabo dicha transformación, ya que se trataba de poner en marcha un replanteamiento radical de sus parámetros tradicionales. No todo está hecho. Hoy sigue siendo firme apuesta de muchos gobernantes poner al día las herramientas necesarias para mejorar la agilidad en los trámites administrativos, optimizar la información a la ciudadanía, ampliar la disponibilidad de infraestructuras y dar ese servicio de calidad que la sociedad demanda. Se trata de cumplir esas promesas electorales que todo político proclama durante las campañas.
Muchos han cumplido y han implantado cambios que han alterado sustancialmente el funcionamiento de la Administración, con iniciativas de modernización que se han traducido en bienestar social. Otros no han entendido que las Administraciones públicas primero tienen que administrarse honradamente a ellas mismas para posteriormente realizar las acciones tendientes a ejecutar su función y cumplir con la sociedad.
Los últimos casos de corrupción por intereses urbanísticos que han aflorado recientemente, como ha sido el caso de Marbella, no sólo dañan la imagen de las ciudades, de sus partidos políticos y de la propia democracia, sino que denotan, además, la falta de vocación en algunos individuos para ejercer la política como servicio público, anteponiendo sus propios intereses a los intereses de los ciudadanos. La actuación de estos malos gestores muestra una Administración indiferente, que va a lo suyo, sin responsabilidades ante la sociedad.
Es curioso pensar que muchos entes públicos con las nuevas tecnologías están implantando sistemas que les permiten controlar los impuestos de un humilde autónomo y sin embargo no parecen detectar los miles de millones que corren a través de facturas falsas y comisiones bajo cuerda entre ciertas empresas y ciertas administraciones.
Lo cierto es que la demanda de calidad de servicios por parte de la ciudadanía va creciendo cada día más. Los políticos lo saben y en eso tendría que consistir su compromiso con los ciudadanos. No es el ciudadano el que tiene que adaptarse a la Administración Pública, son las Consejerías, las Diputaciones Provinciales, las Mancomunidades y los Ayuntamientos los que tienen que adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, que son lo que votan, los que pagan los impuestos y además la única razón de ser de la gestión pública.