Tengo el convencimiento personal de que en pocas ocasiones a lo largo de la historia se había hablado tanto de economía en foros tan diversos, y especialmente en los medios de comunicación. Existe hoy en día una posible saturación de información económica, aunque dentro de esa amplísima oferta apenas queda espacio para la reflexión. En estos momentos protagonizamos una transformación del modelo productivo tradicional al de Economía Sostenible. Un modelo promovido por el Gobierno andaluz basado en la innovación, el conocimiento, la educación y la sostenibilidad, cuyo objetivo es intensificar nuevas fórmulas de crecimiento, pero también fomentar vías tradicionales que han demostrado su fortaleza. Éste es el caso de la economía social, una alternativa seria y rigurosa capaz de generar empleo siguiendo cauces distintos de los habituales. En Andalucía ostentamos el liderazgo nacional en creación de empleo y de empresas que, aun siendo plenamente competitivas, se rigen por parámetros que colocan al capital humano en el centro de su gestión: es la Economía Social. Para quienes no estén familiarizados con esta fórmula socieconómica de creación de riqueza, quisiera señalar que no se trata de una vía residual a la representada por las empresas de carácter mercantil: de hecho, aproximadamente el 13% del PIB andaluz tiene su origen en cooperativas y sociedades laborales, presentes en alguna de sus formas en más del 80% de los municipios de la comunidad autónoma. Hace unos días, el periódico digital ESINFORMA, publicado por CEPES-Andalucía, recogía en una de sus informaciones que las empresas de la Economía Social aportan 4.000 millones de euros a la cohesión social y territorial española, según se deduce del estudio titulado El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de Economía Social, realizado por la propia CEPES con la colaboración técnica de Abay Analistas Económicos y Sociales. Además, el citado análisis recoge una simulación sobre qué pasaría si estas empresas perdieran sus principios y pasaran a convertirse en sociedades capitalistas, adoptando sus valores medios. Según se afirma, perderían su empleo en España cerca de 158.000 trabajadores pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, mientras que alrededor de 156.000 verían reducido su salario… y si estas empresas tuvieran los mismos parámetros que las demás para elegir ubicación, desaparecerían en torno a 59.000 puestos de trabajo en zonas rurales. Otro dato que refuerza el valor de esta fórmula es de carácter estrictamente regional. Así, Andalucía es líder nacional en el número de cooperativas existentes, unas 4.400: cifra que llega a sobrepasar las 8.000 si también se incluye a las sociedades laborales. Y por lo que respecta al volumen de población activa, en nuestra comunidad autónoma ronda los 74.000 profesionales. Creo, sinceramente, que un modelo capaz de generar tal volumen de riqueza y empleo, que otorga tanta importancia al trabajador, que tiene una clara acción fijadora de población en pueblos y zonas rurales, y que posee tanta historia como futuro, merece una atención primordial y un estímulo constante desde un Gobierno cuya acción política tiene muchos puntos en común con esta filosofía socioeconómica. Por ese motivo, desde la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia se ha otorgado, a lo largo de esta legislatura, un trato preferente a las empresas de la Economía Social. En este sentido, pienso que uno de los hitos con que arrancábamos fue el II Pacto Andaluz por la Economía Social 2006-10, que gracias a la inversión de 141,9 millones ha permitido, entre otros logros, la creación y mantenimiento de más de 4.500 empresas y casi 30.000 empleos, así como la formación de unos 20.000 profesionales de este ámbito y el impulso de las TIC’s y de la RSC. Actualmente se trabaja en la redacción del III Pacto, que esperamos sea una realidad en los próximos meses. Al mismo tiempo, con el objetivo de dotar de recursos a estas empresas -y pese al esfuerzo que requieren estos tiempos-, el Gobierno andaluz ha movilizado 31 millones adicionales en el Presupuesto 2011, destinados al Fondo Reembolsable para el Apoyo al Desarrollo Empresarial y a políticas de apoyo al sector. En el cuatrienio 2007-10 también hemos invertido otros 85 millones en el impulso de líneas de apoyo enfocadas hacia este tipo de empresas.
Sin embargo, creo que el gran hito de esta legislatura va a ser la aprobación, a finales de este año, de la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas: norma que sustituirá a la de 1999 y que va a dotar a las empresas de Economía Social de mayor flexibilidad en su funcionamiento; de mayor agilidad en los requisitos y en la operativa interna; y de mayores dosis de competitividad. Vemos, por tanto, el carácter prioritario que esta filosofía socioeconómica adquiere en los planes normativos y presupuestarios del Gobierno, pues somos conscientes tanto de su importancia para el balance de resultados de la comunidad autónoma como de su proyección futura. Y así va a seguir siendo. Por ello, confiamos en que muchos de los nuevos emprendedores que vayan saliendo de nuestra red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE’s) y de los frutos que genere el recientemente aprobado Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora, opten por formar cooperativas y sociedades laborales: así, al mismo tiempo que se van dando pasos importantes hacia el crecimiento económico, también se afianza el liderazgo andaluz en torno a esta manera sostenible de crear riqueza y empleo.
Antonio Ávila
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia
Junta de Andalucía